EL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA LOCAL. CRÓNICA DE UN CONFLICTO INTERMINABLE. (Parte II: Acción y reacción, los expedientes disciplinarios)
En la mañana del viernes 17 de agosto de 2012, los delegados de
las Secciones Sindicales con representación en el Ayuntamiento de
Lucena mantuvieron una reunión con el entonces alcalde accidental, D.
Miguel Villa, así como con el concejal delegado de Personal, D. José
Cantizani. En la citada reunión se les entregó copia de un informe de Recursos
Humanos que rechazaba las propuestas presentadas por las distintas secciones
sindicales para limitar el alcance de los recortes de ingresos de los policías.
Todos los asistentes coincidieron en que la única solución viable era una
revisión de la Valoración de los Puestos de Trabajo, pero no hubo acuerdo en
cuanto a los tiempos de dicho proceso y su posterior aplicación.
La pérdida retributiva de estos funcionarios, como explicamos en la
anterior entrega, fue debida a que los policías
locales realizaban en cómputo global más horas anuales que el resto de los
empleados públicos. Los agentes sociales reclamaron la revisión inmediata
de determinados vectores del específico, y su aplicación a principios del año
siguiente, para paliar la pérdida salarial. La propuesta fue finalmente
rechazada por el equipo de gobierno, argumentando la imposibilidad legal
impuesta desde el gobierno central.
En aquel momento resultó cuanto menos curioso, que la mayoría de los ayuntamientos
de nuestra Comunidad Autónoma, y la propia Junta de Andalucía, entonces
gobernada por el PSOE de Susana Diaz, no habían aplicado la ampliación de
jornada laboral de 37 horas y media aún, y la premura con la que los regidores
lucentinos aplicaron la Ley 3/2012 de 6 de julio de Medidas Urgentes para la
Reforma del Mercado Laboral, resultó sorprendente.[1]
Transcurrido el tiempo, en noviembre, coincidiendo con la celebración de una Mesa de Negociación, medio centenar de policías, convocados por los agentes sociales,
ocuparon la casa consistorial para hacer patente su desacuerdo con el equipo de
gobierno en cuanto a la imposibilidad de adoptar medidas mitigadoras de los
recortes salariales. El concejal de Personal fue increpado cuando subía las
escaleras del consistorio para llegar a la reunión en la que se discutiría la
situación de estos trabajadores. Aquel malestar estaba motivado por la confusa gestión
del conflicto por parte de su delegación.
Dña. María del Mar Morales, por entonces concejala de Seguridad
y Tráfico, realizó manifestaciones a la prensa expresando que en aquel momento
se estaban buscando resquicios legales a la imposición de la Ley Presupuestaria
para 2013, indicando que según aquella norma "no se podía aumentar la
masa salarial". No tuvo en cuenta que lo que los agentes reclamaban no
suponía un incremento de sus retribuciones sino mantener las que venían
percibiendo antes del cambio en la jornada laboral.
Para comprender esta última afirmación debemos conocer que la
definición de masa salarial (1) y masa salarial del sector público local (2),
según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es:
1- “Conjunto
de retribuciones que perciben los trabajadores pertenecientes a una empresa o
institución pública”.
2- “Cifra
del gasto que representa el personal del sector público que ha de aprobar
anualmente toda entidad local observando las condiciones básicas y los límites
establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado”.[2]
Así mismo, la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone:
“Artículo
103 bis. Masa salarial del personal laboral del sector público local.
1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa
salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y
las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la
referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas
empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella
dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de
lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de las entidades citadas en este apartado.
b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de
permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos
aportados o cedidos por las referidas entidades.
3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede
electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días” [3]
De lo anterior, podemos razonar que si el conjunto de
retribuciones que ya percibía la policía local antes del cambio de jornada
estaba contemplado en los presupuestos municipales para 2012, la continuación
en su percepción por parte de estos
durante los siguientes ejercicios, no suponía incremento alguno de la
masa salarial, circunstancia que no se tuvo en cuenta en la decisión del equipo
de gobierno local para eliminar la productividad de la policía, sin adoptar
medidas mitigadoras de su pérdida de poder adquisitivo. Mi opinión es que no se
quiso tener en cuenta porque se tenía previsto destinar ese montante a otro objetivo,
¿amortizar deuda del consistorio? ¿una productividad general para todo el ayuntamiento
cual “café para todos”? Tendremos tiempo de profundizar sobre este objetivo en
próximas entregas.
Tras aquella primera reacción de los agentes, por parte del
ayuntamiento se volvió a emplazar a los representantes de los trabajadores a
otra reunión con la asistencia de todos los grupos políticos, el alcalde, el concejal
de Personal, el secretario y la interventora, para valorar todas las posibles
opciones de llevar a efecto la revisión de V.P.T., aparentando una voluntad
política de solucionar el conflicto. Sin embargo, al mismo tiempo se estaba tramitando
la apertura de expedientes disciplinarios a más de una veintena de agentes por
su participación en la protesta.[4]
El colectivo, para continuar con la legitima defensa de sus
intereses se volvió a manifestar en el mismo noviembre, en el salón de plenos del ayuntamiento
de Lucena, para manifestar su desacuerdo con el retraso en la aplicación de la
Valoración de Puestos de Trabajo. Los agentes mostraron carteles con mensajes
como “Ayuntamiento en conflicto con la
Policía” o “Implantación de una
justa VPT, ¡ya!”. Reclamaban la
inmediata revisión de la VPT, a través de la valoración específica de sus
puestos de trabajo. Pedían que los vectores del complemento específico de
peligrosidad, penosidad o turnicidad, escasamente valorados, como después se
pudo comprobar por el trabajo de una empresa externa contratada por el
ayuntamiento para los trabajos de análisis de los puestos de trabajo, una vez
reevaluados, se tradujesen en un aumento de su remuneración hasta alcanzar el
nivel retributivo anterior a las medidas del gobierno central.
En el transcurso de aquel pleno, y a preguntas del grupo municipal del PP
sobre las causas de aquella manifestación, el propio concejal de Personal dijo:
"los agentes se sienten engañados y han visto defraudadas sus
expectativas, ya que tras un año de negociaciones y una vez que la nueva VPT
está casi culminada, no es posible aplicarla, ya que la Ley de Presupuestos del
Estado impide cualquier subida de las retribuciones de los funcionarios
públicos". Según Cantizani, era un problema que escapaba a las
posibilidades de actuación del equipo de gobierno. Una vez más se omitía que
los agentes no estaban reclamando un aumento, sino seguir cobrando lo mismo que
percibían antes del cambio de jornada, con lo que no se iba a incrementar la
masa salarial del ayuntamiento de Lucena.
Los agentes distribuyeron una nota de prensa en la que se indicaba
textualmente lo siguiente:
"El hecho de acudir la plantilla al pleno municipal en acto de
protesta ha sido porque este colectivo ha sido el más perjudicado del
Ayuntamiento en la aplicación de los recortes de gasto público efectuados por
el equipo de gobierno, por lo que les exigimos la implantación de una V.P.T. (valoración
de puestos de trabajo) justa YA. El equipo de gobierno era consciente y así lo
declaró a los medios, este pasado verano, que la actual V.P.T., no se adecuaba
a la realidad de las características y peculiaridades del trabajo de los
policías y que se hacía necesario revisar la actual que data de 2006 y viene
siendo postergada desde entonces por la situación de crisis económica.
Dicha V.P.T. ha sido recientemente negociada, después de más de un año de
reuniones entre equipo de gobierno y organizaciones sindicales, actualizándose
las condiciones laborales de todos los trabajadores del Ayuntamiento, por lo
que no entendemos la NO aplicación por parte del cogobierno. Esta situación se prolonga desde
hace seis meses, en los que hemos permanecido impasibles, escuchando promesas y
palabras de buena voluntad política, pero solo han sido palabras, este
colectivo reclama hechos, y este acto de hoy marca el inicio de un calendario
de medidas y movilizaciones que mantendremos en el tiempo hasta obtener un
resultado satisfactorio. Solo pedimos que se valoren los puestos de trabajo del
Ayuntamiento de acuerdo a sus características". (nota de prensa publicada
27/11/2012)
Aquella sería la primera de una serie de movilizaciones, que continuarían en
los meses siguientes.[5]
Pero hagamos un paréntesis para analizar brevemente las condiciones
aludidas de peligrosidad, penosidad y turnicidad. Está claro que los agentes de
la policía se ven obligados a poner en riesgo su integridad en múltiples
ocasiones para desarrollar su labor, por ejemplo; intervenciones con individuos
armados, agresivos o enajenados y su detención, persecuciones en vehículos
policiales o desplazamientos en urgencia con riesgo de accidente vial, exposición
al atropello, etc., y eso sin tener en cuenta factores extraordinarios, como por
ejemplo, el vigente nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista declarada por el
Ministerio de Interior en 2015, o el peligro de contagio asumido por las
distintas fuerzas y cuerpos de seguridad durante la pandemia del coronavirus. En
segundo lugar, la penosidad de un puesto de trabajo se valora en base a las
circunstancias excepcionales que implican un esfuerzo constante, son
dificultosas o aflictivas, es decir, cuando el trabajo comporta riesgos por
exposición a calor o frío, ruido, vibraciones, exceso de carga física y/o
mental, por situaciones con exposición a olores desagradables, etc. Por otra
parte, el trabajo a turnos ha sido declarado altamente perjudicial para la
salud de las personas por la ONU y varias de sus agencias, como un factor que
favorece la aparición de determinadas enfermedades, incluido el cáncer.[6] Los tres vectores forman
parte de las condiciones específicas a valorar en el desempeño del puesto de
trabajo de todos los empleados municipales, y todavía hoy siguen sin ser
revisados desde el año 2006.
Con fecha 13 de diciembre de 2012, se comenzó a notificar la
apertura de los expedientes disciplinarios relacionados con las protestas que
este colectivo había mantenido durante aquellos días en distintos actos relacionados
con el Ayuntamiento. En concreto, uno de ellos fue por la firma representativa
de tres notas de prensa en la que los agentes exponían la situación de
disconformidad con el consistorio en cuanto a las reuniones de la Valoración de
Puestos de Trabajo, que llevaban sin dar fruto desde hacía más de un año. Otro
de aquellos expedientes estuvo motivado por una falta de respeto hacia D. José
Cantizani, concejal delegado de Personal, por llamarle “mentiroso”. A
pesar de ello los agentes continuarían insistiendo en sus reivindicaciones, con
la puesta en circulación, esta vez al margen de los sindicatos con
representación en la Junta de Personal, de un manifiesto suscrito por la
inmensa mayoría de la plantilla del cuerpo policial, en el que se siguió
pidiendo la puesta en firme de los acuerdos entre el Ayuntamiento y los
Policías Locales, a los que se había llegado tiempo atrás.[7]
[4] http://www.surdecordoba.com/lucena/agentes-la-policia-local-ocupan-el-ayuntamiento-e-increpan-los-ediles
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