EL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA LOCAL. CRÓNICA DE UN CONFLICTO INTERMINABLE. (Parte I: El origen)
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Existe un conflicto laboral, que dura
ya varios años, entre la policía local y el ayuntamiento de Lucena, que ahora
ha quedado en estado latente por la reciente aprobación plenaria de un
complemento de productividad. El resultado final dependerá del siguiente paso
por parte del gobierno municipal. Cual “crónica de una muerte anunciada”
pretendo exponer mi visión personal del desarrollo de este enfrentamiento y su
potencial desenlace.
El principal antecedente de esta situación
lo podemos ubicar en el acuerdo de la valoración de puestos de trabajo que se
firma en 2006, posteriormente aprobado en Pleno y aplicado a la plantilla de
esta entidad local. Debemos conocer, para entender en toda su amplitud el
problema, que las retribuciones de los empleados públicos se dividen en básicas
y complementarias. Las primeras están compuestas por el salario base, trienios,
complemento de destino, y el complemento específico. Y las complementarias son el
complemento de productividad y las horas extraordinarias. Las cuantías
correspondientes a salario base, trienios y complemento de destino son
determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio
anual y para todas las Administraciones públicas, mientras que el complemento
específico, la productividad y las horas extraordinarias son fijadas por cada
administración mediante negociación con los sindicatos. El complemento
específico sólo se puede modificar previa valoración de los puestos de
trabajo existentes en cada entidad pública, previo acuerdo en mesa general
de negociación.[i]
En aquella ocasión se decidió sacar
de la misma y consignar como complemento de productividad la valoración
económica del exceso de horas que con respecto al resto de trabajadores del ayuntamiento
realizaba la policía local en su jornada semanal. Ajustándose a derecho este
dinero se debería haber incluido en el complemento específico, en concepto de “especial
dedicación” o similar, por tratarse de una remuneración fija y periódica,
determinada por las condiciones de desempeño específicas del puesto de policía,
y por lo tanto no debió ser incluida en otro concepto, o al menos, no de la
forma en que se hizo. Otra opción, que no se tuvo en cuenta en aquel momento, fue
que la policía trabajase exclusivamente las 35 horas que marcaba la ley. Esta
última propuesta se desestimó, quizás por la necesidad de cubrir el servicio
que se deseaba para la localidad con los agentes disponibles en plantilla en
aquel momento.
Entre tanto, y tras varias iniciativas
para subsanar este error por parte de los representantes sindicales de la
policía, que obtuvieron como respuesta una demora intencionada, estalló la
crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda pública de 2009. El
gobierno estatal socialista de Zapatero redujo las retribuciones de todos los
trabajadores públicos en un 5% para tratar de recortar la deuda.[ii]
Seguidamente, a finales del 2011, tuvo lugar un cambio de gobierno, y el Partido
Popular de Rajoy, entre otras medidas adoptadas con el mismo fin, optó por aumentar
la jornada de trabajo de todos los empleados públicos, de 35 a 37,5 horas
semanales.[iii]
Esta última medida, aplicada de
inmediato por el equipo de gobierno de coalición PSOE-IU en el ayuntamiento
lucentino, afectaba de forma especial a los policías locales, pues estos dejaban
de ingresar la cuantía que cobraban en concepto de productividad por exceso de
jornada, 400 € de media aproximadamente. Si bien es cierto que todos los
trabajadores del ayuntamiento pasaron a trabajar más horas semanales percibiendo
la misma retribución, los policías comenzaron a desempeñar las mismas horas de
trabajo que venían realizando hasta entonces, pero sufriendo un recorte en sus
retribuciones al perder esa productividad.
La pérdida de poder adquisitivo de
este colectivo provocó su reacción inmediata y la petición por sus
representantes de soluciones, como la revisión de la valoración de puestos de
trabajo, que llevaba seis años paralizada. Con ello se podía evitar esta
consecuencia de las políticas de recortes de gasto público a nivel nacional,
sin que ello incrementase la masa salarial que venían percibiendo los agentes. La
pérdida de esta productividad, más la “congelación” salarial, la pérdida de una
paga extraordinaria, y la citada rebaja del 5% adoptadas por los sucesivos gobiernos
nacionales, son el origen de un “conflicto interminable” que aún hoy amenaza
con destruir el necesario entendimiento entre el gobierno local y los agentes
de su autoridad.
[ii] Zapatero
recorta un 5% del sueldo de los funcionarios y congela las pensiones (elconfidencial.com)
[iii] La jornada laboral de los funcionarios se eleva a 37,5 horas | Público (publico.es)
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