EL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA LOCAL. CRONICA DE UN CONFLICTO INTERMINABLE. (Parte III: La falta de apoyos y el sindicato profesional”)
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El 4 de
diciembre del 2012 un nutrido grupo de trabajadores del ayuntamiento de Lucena se
reunió en asamblea, convocada por la Junta de Personal, para ser informados de
las negociaciones sobre la revisión de la valoración de puestos de trabajo (VPT),
las protestas de la policía local, las reuniones mantenidas con el equipo de
gobierno y los servicios jurídicos y económicos municipales, y las
posibilidades de llevar a cabo esta revisión. Los asistentes decidieron
unánimemente instar al equipo de gobierno a continuar con los trámites de la
revisión y a llevar a cabo una cuantificación económica de la misma, para que
en un futuro pudiera llevarse a efecto. Pero, sin embargo, no se exigió su
aplicación, como venían reclamando los policías. Estos se quedaban sin apoyos
en sus reivindicaciones para recuperar el nivel retributivo perdido.
El por
entonces presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Lucena, D. Joaquín
Cabello, realizó declaraciones a los medios al término de la asamblea: …"entendemos
que la aplicación de la VPT en estos momentos es inviable, ya que así lo indica
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 2013-2014, pero
preferimos que la negociación se cierre para que una vez que pueda aplicarse,
quizá en 2015, todo este claro"... Cabello señaló que se había
insistido en que la partida para productividad consignada en los presupuestos,
y no gastada por la ampliación de la jornada laboral, se mantuviera en los
presupuestos de 2013, incluso aunque no pudiera gastarse, …"para que de
cara a 2015 no se haya rebajado la masa salarial del ayuntamiento"...
La Junta de Personal apoyaba los argumentos del equipo de gobierno, basados en
la imposibilidad de incrementar la masa salarial, al mismo tiempo que solicitaba
mantener aquel dinero procedente de la productividad de la policía local en los
presupuestos para que no disminuyera esta. Esta decisión favoreció la llegada
al ayuntamiento de un nuevo sindicato, el Sindicato Profesional de Policías
Municipales de España (SPPME), que vendría a cubrir la falta de representación
y apoyo que el colectivo percibía en los sindicatos de la Junta de Personal y
el resto de los trabajadores públicos.
La decisión
adoptada en aquella asamblea iba en contra de la intención del equipo de
gobierno municipal. La partida económica en cuestión, que ascendía a unos
250.000 €, era considerada fundamental para rebajar el endeudamiento y seguir
optando a financiación externa durante el año 2013. Ese era el espíritu del
decreto ley del Gobierno Central, que imponía limitaciones a la contratación y
al incremento de la masa salarial de los ayuntamientos. Con otras palabras, no
se podía incrementar la masa salarial, algo que nadie estaba reclamando, pero
se podía destinar aquel dinero, ahorrado de restar la productividad de la policía,
al pago de deuda. Resumiendo, te quito la productividad sin ofrecerte
alternativa para que la puedas cobrar por otro concepto distinto al exceso de
jornada, para pagar con ese dinero la deuda que nosotros los políticos hemos
acumulado.
Cabello señaló
que el concejal delegado de Personal había hecho tiempo atrás el ofrecimiento a
las Secciones Sindicales, de comenzar la revisión de la VPT, aparcada desde el
año 2008. En aquel momento se había acordado constituir una subcomisión de la
Mesa de Negociación para la revisión de la VPT, con representación de las
distintas secciones sindicales reconocidas formalmente en el Ayuntamiento. Tras
meses de deliberaciones, la tarea de esta subcomisión tocó a su final. Sin
embargo, en noviembre, el concejal delegado de Personal dijo que, aunque se
aprobase, no era factible la aplicación de la VPT, porque la legislación
estatal presupuestaria lo impedía. Según Cabello, …"esta situación
contradictoria ha llevado a que determinados ánimos del colectivo municipal se
crispen y como consecuencia de ello se hayan sucedido una serie de protestas
hacia el Equipo de Gobierno, si bien todas ellas se han realizado dentro de unos
márgenes, no dándose ninguna situación incontrolada"… ,y añadió, …“el
trabajo realizado por esta subcomisión sólo era el de elaborar el estudio de
funciones y valoración de puntos, no siendo éste el órgano encargado de la
negociación definitiva, cuya aplicación definitiva es competencia de la Mesa
General y posteriormente el Pleno Municipal"... Aclarando seguidamente
que el estudio de esta revisión de la VPT, …"no pretende una subida de
sueldos a los trabajadores públicos de esta administración, sino un
reconocimiento de las funciones de sus puestos y una valoración de estos"...
[1]
La sección
sindical del SPPME, recién creada, insistió hasta la saciedad en que las Leyes
de presupuestos no prohibían la revisión de la valoración de los puestos
mediante modificación de la VPT, ni la de Rajoy ni las anteriores. El equipo de
gobierno se amparaba en el criterio de los técnicos municipales para no activar
una solución política al conflicto, desoyendo todas las argumentaciones y
alternativas propuestas por el sindicato profesional. Este trató de explicar uno
por uno, estos argumentos, al Secretario, la Interventora, la Jefa de Recursos Humanos,
Vicesecretario y Tesorero. La sección sindical defendía que las leyes de
presupuestos incluyen, desde 1985, en sus capítulos de gastos de personal, la
figura de las “adecuaciones retributivas de carácter singular y
excepcional”, elemento necesario para adaptar la valoración de los
puestos de trabajo en cada ejercicio, y que ello no tenía por qué suponer un aumento
de la masa salarial, puesto que lo que se estaba reivindicando era mantener el
nivel de retribuciones de la policía, anterior al cambio de jornada impuesto
por el gobierno central, a través de la revisión de determinados vectores de
valoración que no se revisaban desde 2006. Pensemos, ¿sería lógico que las administraciones
públicas hicieran una VPT y nunca más se pudiera revisar esta, a pesar de que
las condiciones en el desempeño de determinados puestos variasen de un
ejercicio presupuestario al siguiente? Las VPTs deben ser documentos vivos, dinámicos
y activos. Estos argumentos se tornarían tiempo después en incontestables, con
la posterior contratación municipal del Grupo ICSA, empresa que hacía
valoraciones de este tipo, para administraciones públicas por toda España, bajo
esos mismos fundamentos y durante el periodo de tiempo objeto de esta crónica.
De forma
paralela, la instrucción de los expedientes disciplinarios llegaba a su fin. Conforme
al Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por Ley
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, que es el que se aplica al Cuerpo de la Policía
Local, se desarrollaron las diferentes fases procedimentales de los expedientes
(período de información reservada, providencias, declaraciones, práctica de
pruebas, oficios…) que desembocaron en una resolución que establecía que …“los
hechos denunciados por el Sr. Cantizani, carecen de la entidad suficiente
para constituir infracción disciplinaria y que se amparan en el legítimo
ejercicio, por parte de los trabajadores, de los derechos de libertad de
expresión y de defensa de los derechos que les son inherentes,
proponiéndose el archivo de los expedientes disciplinarios”…
Ante esta
resolución el SPPME expresó públicamente: … “han sido casi seis meses que
han supuesto numerosas horas de trabajo para los funcionarios encargados de la
tramitación, gastos en medios digitales de prueba, gran cantidad de folios y
mucho malestar en esta plantilla. Nos preguntamos si un concejal, que cuestiona
la penosidad del trabajo policial y que gana casi cuatro veces el salario de un
policía, no lleva implícito en su sueldo soportar las justas reivindicaciones y
críticas de un grupo de trabajadores. El Sr. Cantizani ha demostrado no estar a
la altura de las circunstancias y ha hecho un daño irreparable a un grupo de
profesionales con una trayectoria irreprochable”…, añadiendo, …“esta plantilla,
pese a los vanos intentos del Sr. Cantizani de amedrentar al personal, seguirá
reivindicando sus derechos laborales y exigiendo que se reconozcan las
peculiaridades de nuestros puestos,
continuará ejercitando las medidas de presión que se estimen convenientes dentro de la
legalidad y mantendrá en el tiempo la huelga de celo hasta que se restablezca
la situación de discriminación salarial de este colectivo, en la que su equipo
de gobierno nos ha situado”… [2]
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