EL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA LOCAL. CRONICA DE UN CONFLICTO INTERMINABLE. (Parte V: “El pesar por el bien ajeno”)

enero 06, 2023

EL AYUNTAMIENTO Y LA POLICÍA LOCAL. CRONICA DE UN CONFLICTO INTERMINABLE. (Parte V: “El pesar por el bien ajeno”)

“La envidia y el odio van siempre unidos, se fortalecen recíprocamente por el hecho de perseguir el mismo objeto”.

Jean de la Bruyere (1645-1696).

Julio de 2013. En sesión extraordinaria de la Mesa General de Negociación, sin representación del SPPME porque no había concurrido a las últimas elecciones sindicales, se rechazaron las propuestas del equipo municipal de gobierno y de la sección sindical de CSIF para la modificación del complemento específico de la policía local. La Unión Sindical Obrera se opuso por considerar que aquel punto del orden del día era un amaño injustificado. Por su parte, UGT sugería la búsqueda de un consenso que evitase el conflicto entre la policía y el resto del personal del ayuntamiento, y propuso reconocer los mismos derechos económicos a todos los empleados municipales, fueran policías o no. Conste aquí que se estaba hablando de dinero para remunerar las condiciones específicas de cada puesto de trabajo, dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad (RD 861/1986, 25 de abril, art. 4.1).

Paralelamente se estaba elaborando para su aprobación un reglamento de productividad para todos los empleados municipales. Se acordó, en aquella misma mesa de negociación, la reserva de una partida presupuestaria de 220.000 € en concepto de complemento de productividad para el ejercicio de 2013, y se acordó otra reserva de fondos por importe de 51.000 € para cubrir eventuales modificaciones derivadas de una posible revisión de la VPT. ¿De donde salía aquel montante? Como los lectores habrán supuesto, era parte de los ingresos que la policía había dejado de cobrar con la nueva jornada introducida por el gobierno central. Es decir, el equipo de gobierno que había recortado apresuradamente los ingresos de los policías locales sin ofrecer alternativa, en aquel momento se avenía a destinar la mayor parte de aquel ahorro a una productividad general para todos los empleados de su administración, bajo la presión y connivencia de algunos sindicatos de clase. En palabras de algún representante sindical de aquella mesa, se trataba de que todos los empleados municipales tuvieran reconocidos los mismos derechos. En mi opinión se trataba de quitar a unos pocos para repartir entre todos, lo que no parecía razonable cuando estos pocos no tenían equitativamente valoradas determinadas condiciones de su puesto de trabajo como la turnicidad, la peligrosidad y la penosidad.

Aquella decisión de la Mesa era legal, por lo dispuesto en la Ley de presupuestos generales para 2013, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que en su artículo 22 prohibía cualquier incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, y en el apartado siete del mismo artículo establecía una excepción para ...“adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”. Yo pongo en duda que esta decisión fuera legítima, justa y razonable. Sobre todo, si tenemos en cuenta los objetivos que se establecieron para percibir aquella productividad. En casos concretos se fijaron objetivos del tipo de “cerrar ventanas”, “apagar las luces” o “regar las macetas del ayuntamiento”, o tareas que se venían realizando habitualmente por estar incluidas en el catálogo de funciones de los puestos, por lo que aquella productividad fue una operación de maquillaje para justificar el reparto del ahorro, “conseguido” con la policía, entre el total de la plantilla municipal.

Y así, en aquel mismo mes de julio, la alcaldía hizo una propuesta de reforma provisional, que debía culminar en una nueva valoración de puestos de trabajo, para subsanar las deficiencias que una Comisión Técnica constituida al efecto había identificado en la VPT vigente en aquel momento, que databa del 2006. Aquella propuesta afectaba a distintos puestos de la plantilla municipal, entre los que se encontraban los puestos de la policía local sometidos a turnicidad, que podrían ver adaptado su complemento específico al turno de trabajo. Tal propuesta resulto aprobada en la mesa de negociación con los únicos votos en contra de USO. [i]

USO rechazó la propuesta del alcalde en todo cuanto supusiera una modificación del valor económico del específico, alegando, en lo concerniente a la policía local, que la propuesta del alcalde estaba más cerca de un fraude de ley que de las causas de excepción que contemplaba la referida Ley 17/2012. Esta sección sindical propuso que se reintegrase a la partida de Complemento de productividad la cuantía resultante de los 51.000 € que se habían reservado para eventuales variaciones del complemento específico, y solicitó una nueva VPT en la que estuvieran ausentes de sus trabajos “tanto políticos como sindicatos”.

Pues bien, en noviembre, la misma Unión Sindical Obrera solicitó la resolución del contrato menor de servicios suscrito, a propuesta del concejal delegado de Régimen Interior, con la empresa externa Formación y Consultoría de Organizaciones S.L, por un importe de 17.950 euros más IVA, para el estudio, documentación, análisis, descripción y valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, Patronato Deportivo Municipal y Gerencia Municipal de Urbanismo. Alegaban irregularidades y demoras por parte de la consultora, que el estudio de los puestos de trabajo no podía realizarse con desconocimiento de los trabajadores, debiéndose dar la oportunidad de efectuar alegaciones, y que se debía garantizar la confidencialidad de la información utilizada. Además, según este sindicato, se había prorrogado un contrato menor que por Ley no se podía prorrogar más allá del 31 de octubre. [ii]

Posteriormente, previo contrato nuevamente, se elaboró el Manual de valoración de los puestos de trabajo, por otra empresa externa, ICSA, que fue presentado a la Mesa General de negociación, y dictaminado favorablemente por unanimidad de sus miembros, incluyendo a los representantes de USO. El SPPME aún no formaba parte de este órgano de negociación colectiva pues no había concurrido aún en unas elecciones sindicales.

En este periodo de tiempo, el 31 de marzo de 2015, el grupo municipal de Ciudadanos publicó en prensa local su opinión sobre el conflicto colectivo existente entre el Ayuntamiento y la Policía Local: … “Ciudadanos Lucena no entrará en victimizar a una parte y culpar a la otra, sin embargo, sí resulta necesario denunciar esta situación, al haber alcanzado la conclusión de que una vez más la mala gestión consistorial termina repercutiendo directa o indirectamente en la vida de los ciudadanos, quienes al margen de subidas o bajadas salariales de colectivos determinados, pagan sus impuestos y hacen posible que Lucena sea el lugar que es”… “Sin duda alguna, el Sr. alcalde debería haber previsto que esta sensación de injusticia que está viviendo el Cuerpo de la Policía Local podría repercutir negativamente en el funcionamiento de su ciudad y bienestar de sus vecinos. Desde Ciudadanos Lucena lamentamos que sea el pueblo quien paga los platos rotos de su administración”.[iii] Posteriormente se pudo comprobar con los hechos que voy a relatar, que tampoco era la intención de esta formación política promover la solución del conflicto, quizás porque les interesaba la continuación de este como herramienta de desgaste contra el equipo de gobierno.

En abril del 2015 se constituyó un Comité Técnico de Valoración, cuyos miembros fueron designados por la alcaldía, para llevar a cabo la valoración de los puestos de trabajo, utilizando para ello el citado Manual. El comité estuvo integrado por un representante de la empresa ICSA, personal directivo de RRHH del Ayuntamiento, representantes de los grupos políticos, y de los distintos sindicatos, que a su vez eran empleados municipales. Esta vez sí estuvo representado el SPPME. Tras el trámite de alegaciones concedido para que aquellos trabajadores disconformes con la valoración del puesto que ocupaban pudieran pronunciarse, y la posterior resolución de estas reclamaciones, dicho comité hizo una propuesta de VPT a la Mesa General de Negociación para que fuera dictaminada y sometida, posteriormente, a su aprobación en el Pleno municipal.

En el Plenario de aquel mes abril, aprovechando una pregunta formulada por el grupo popular, el alcalde se defendió de la acusación por parte del colectivo de la policía, que le recriminaba su falta de compromiso en la solución de un conflicto, que duraba ya más de dos años: … “el que 'no cumple Juan Pérez' es porque no se alcanza un acuerdo. Y si se refieren a la productividad, yo les dije que estaba de acuerdo si todos los sindicatos del Ayuntamiento están de acuerdo y se ha demostrado que no"…"la solución, en mi opinión, es que si la valoración no se puede aplicar porque no se puede aprobar pues lo impide la ley, lo que sí se podrá hacer es dar nuevos criterios a la productividad, cuando se permita legalmente, y de manera proporcional a los resultados que arroje la valoración de puestos de trabajo"… "Que no me digan que yo no estoy cumpliendo, pues estoy actuando como creo que tengo que actuar, en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de la ciudadanía". [iv]

Ya en 2017, a finales, casi cinco años después del inicio de las movilizaciones de la policía, la Unión Sindical Obrera denunció que en el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018, el equipo de gobierno municipal había decidido desviar la cuantía que desde el año 2013 se había venido percibiendo por todos los empleados municipales, en aplicación del Reglamento de Productividad, a una partida denominada “Valoración de Puestos de Trabajo”. Presentaron cuatro reclamaciones a estos presupuestos, amenazando con la interposición de un contencioso en sede judicial. Solicitaron la nulidad de los acuerdos definitivos de aprobación de presupuesto y plantilla, y calificaron aquella nueva valoración de puestos de trabajo como … “una cesión injustificada del equipo de gobierno municipal a grupos de presión, para el desvío de los 800 euros anuales que de media hemos venido percibiendo en cumplimiento de los distintos programas incluidos en el Reglamento de Productividad, al bolsillo de unos pocos”. [v]

Por el grupo municipal de Ciudadanos se presentó en marzo de 2018, en un ejercicio más propio de “podemitas”, y obviando todo lo dispuesto por la ley para estos procesos, una moción para que con carácter previo a la aprobación plenaria de una nueva VPT, ésta fuera sometida a referéndum de todos los empleados públicos afectados, algo que no viene recogido en ninguna norma estatutaria de la función pública y que resultaba totalmente ajeno al proceso de valoración de puestos. Aquel movimiento fue un ejercicio de irresponsabilidad enorme, puesto que ellos debían haber formado parte del Comité de Valoración, como el resto de los grupos políticos, y sin embargo declinaron su asistencia a las sesiones de este, para posteriormente, delegar la decisión sobre su aplicación, que era su responsabilidad como representantes políticos, a los afectados por aquella VPT. Dicha moción fue dictaminada favorablemente con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular, Izquierda Unida y concejal no adscrito, y fue posteriormente aprobada en el Pleno municipal, pasándose por el arco del triunfo el proceso de valoración legalmente establecido y menospreciando los meses de trabajo y miles de euros invertidos en él. [vi]

En julio del mismo año casi doscientos empleados del Ayuntamiento se constituyeron en “Plataforma de Afectados por la Valoración de Puestos de Trabajo”. La VPT había sido aprobada en la última Mesa General de Negociación, y estaba pendiente la celebración del referéndum entre todos los trabajadores públicos. Este colectivo mostró su disconformidad con la VPT, y tras su protesta silenciosa en el Pleno municipal, interpusieron un recurso contra el dictamen favorable de la Mesa General de Negociación. También remitió escritos a las comisiones ejecutivas provinciales de UGT y de Comisiones Obreras, sindicatos que junto al SPPME habían apoyado la propuesta de valoración de puestos de trabajo en la Mesa de Negociación, y también a los diferentes grupos municipales y al concejal no adscrito del Ayuntamiento de Lucena. [vii]

Desde esta plataforma de trabajadores se redactó un “dossier” sobre la VPT, que pretendía poner de relieve una supuesta vulneración de los principios de equidad, objetividad y rigurosidad, que a su juicio, se habían producido durante el procedimiento de elaboración de este instrumento, que determinaba los complementos específicos de cada puesto de trabajo y marcaba diferencias salariales de hasta 3.000 euros al año, para algunos empleados, principalmente de la policía local y otros puestos intermedios, mientras que reducía el salario para otros.